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7 de marzo de 2015

La mayoría absoluta carga de nuevo contra Cataluña

El Ejecutivo central alega que Catalunya "busca desarrollar una diplomacia pública" sin ser un Estado


Fuera caretas, ya podemos decirlo sin tapujos: en todo el tiempo que lleva dedicándose a la política, a Rajoy nunca le tocó hacer algo tan difícil como decir en un anuncio institucional para los medios que le gusta Cataluña porque son emprendedores y “hacen cosas”. Cuando una sonrisa, al contrario de disfrazar la repulsión y odio que se siente, acentúa con una mueca esos sentimientos, ya no tiene sentido fingir, señores del PP, no tenéis que forzar los músculos de sus caras para ensayar un gesto que no lograrán con éxito si de hablar de Cataluña se trata.
Cada recurso admitido por el TC en relación a la celebración de una consulta democrática en Cataluña fue una afrenta a la población, no al President Artur Mas. Claro, esto ya lo sabían, con la misma certeza con que los catalanes saben que despreciáis a este pueblo.
¿Por qué digo esto? Vamos, no seáis tímidos ni nos vacilen, lo sabéis perfectamente. Una nueva afrenta contra el pueblo catalán, estando aún humeante la rotativa que dio a conocer, primero, la suspensión por tres años del Juez de la Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal, por su participación en la redacción de una Constitución Catalana, y al día siguiente, ¡claro que sí! Se declara ilegal la Consulta del 9N. Cierto es que en esta ocasión, el regaño y estocada fue directamente para la Generalitat, pero si sabéis algo de democracia básica, es justamente el pueblo catalán el que está representado en las oficinas consulares de Cataluña en diversas partes de Europa y otros países del mundo. Así, el gobierno aprobó la impugnación ante el TC de “algunos” preceptos de la Ley catalana de Acción Exterior con el propósito de suspenderlos, así como del decreto de apertura de las anunciadas delegaciones en Roma y Viena.
Según Doña Soraya Sáenz, la norma catalana supone una violación del artículo 149.1.III de la Constitución, que habla de la distinción de competencias exclusivas del Estado y de las CCAA y también el 97 en el que se lee que corresponde al gobierno del país dirigir la política exterior.
No es un gran análisis, pero de verdad me da curiosidad saber si el Ejecutivo piensa que los catalanes son idiotas y se van a tragar la píldora. Va a ser que no, señores, no se la tragaron antes, no se la tragarán jamás.
También me mosquea mucho que la famosa ley catalana de acción exterior fue aprobada y publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2014, y como corresponde a cualquier proyecto o iniciativa de ley, inclusive las emanadas desde la Generalitat de Catalunya, son revisadas en el Congreso de la Unión por todas las facciones parlamentarias, empezando por el PP que tiene mayoría absoluta ¿cómo es que se aprobó esta ley si se contrapone con otra previa de la misma Constitución? ¿o es que los diputados no revisan las leyes que aprueban?
Si la discusión fuese al contario, que la legislatura rechazara una ley catalana, me parecería de lo más común y ordinario – dicho en el peor de los sentidos - , pero no fue el caso, y sinceramente estoy confundida.
Bueno, es igual, el gobierno recurre una ley aprobada por los diputados de su propio partido y publicada en el boletín oficial del Estado y como en este país donde manda capitán, los marineros al carajo, pues ya se sabe de sobra cual será la resolución del Constitucional y a seguir adelante.
En las redes sociales es evidente el anhelo colectivo para que el Partido Popular abandone La Moncloa, pero seguro que ninguna comunidad como la catalana está tan ansiosa de perder de vista para siempre al presidente y a todo el partido.
Amén!
El gobierno ya le tiene vicio a las demandas contra Cataluña