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10 de marzo de 2015

Corrupción en España, ¿brote infeccioso o enfermedad crónica?

Una tras otra, o tal vez sería más correcto decir, un nuevo escándalo de corrupción sobre otro. 


Mientras el gobierno central a través del Ejecutivo, de los ministros de Economía, Trabajo, Hacienda y Desarrollo insisten en el mensaje de recuperación, los medios de comunicación no dan tregua a la opinión pública llenando planas y espacios audiovisuales con algún nuevo dato sobre los casos de corrupción ya abiertos (más de 500 casos de corrupción en distintos puntos del territorio español) o suman un caso nuevo, como el pasado viernes, al darse a conocer, mediante comunicado del fundador de Convergencia democrática de Catalunya, la  confesión de Oriol Pujol y Soley, quien reconoció haber mantenido una cuenta en el extranjero oculta a la Hacienda Española, las autoridades, su partido (eso dijo él), e incluso, a su propia hermana.
No se había secado aún la tinta en los diarios que publican el comunicado del ex honorable Jordi Pujol, cuando algunos rotativos lanzan, aunque no en primera plana y tampoco con el sensacionalismo del asunto catalán, el caso o casos que permanecen abiertos y que penden sobre el Presidente de las Corts Valencianes. Cualquiera diría que el periodismo español jamás había tenido trabajo “de más”.
Por su parte, la sociedad española se lleva las manos a la cabeza y expresa su creciente indignación y mayor sorpresa – si cabe- se escandalizan  por la forma en que se ha extendido la corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional. Un caso parece más inmoral y ofensivo que el anterior, el desencanto, la confusión y la desesperanza parecen cubrir el ánimo de los españoles y cierto es que no se ve mejora en el horizonte socio-político de España. No son especulaciones, lamentablemente los datos y cifras desvanecen toda sombra de esperanza.
El año pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a infracciones como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
   Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobre todo,  debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio espacio de tiempo.
  Lo anterior no hace más que reforzar la sensación colectiva de desamparo judicial que tienen los españoles. No es que crean que están indefensos ante el mal uso del poder político y económico, es que legal y jurídicamente lo están. El código penal español no sirve para disuadir a los políticos de desviarse de su misión en el puesto que ocupe y al menos para mí, eso es sinónimo de impunidad.
El papel de la población en una democracia no se limita a la emisión de un voto que exprese la voluntad de las mayorías, la ciudadanía ha de organizarse para crear el país que desea o tendrá que contentarse con el que merece bajando la cabeza ante la arbitrariedad de sus gobernantes. España decide y huelga decir que la clase política ha perdido la legitimidad de la representación de los ciudadanos.